Joao Herrera, inhabilitado en proceso responsabilidad fiscal percibía honorarios como concejal de Soledad
Elmer Enrique Rudas 
Mesa directiva del concejo de Soledad en serios líos jurídicos por inhabilidad de Joao Herrera Iranzo.
Serios problemas jurídicos estarán confrontando los concejales de Soledad, José Joao Herrera Iranzo, uno de los delincuentes de cuello blanco obsesionado por el poder en Soledad y que tendría intenciones de volver a un mandato constitucional en un ente territorial porque no habría alcanzado a profanar todos los ítems presupuestales de la alcaldía de Soledad y sus instituciones acompañado de una mafia criminal de la función pública quienes desangraron las finanzas del Hospital Materno Infantil de Soledad y el presidente de la Corporación Edilicia, Harold Cervantes Monasterio, quien habría guardado silencio ante una orden judicial y su fiel cumplimiento de acorde a los preceptos legales y constitucionales, siendo que cuando se profiere una sentencia dentro de un proceso de responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriada, en tal sentido la corporación a la que pertenece el cabildante es debidamente notificada con el fin de que se le de cumplimiento al ,mandato judicial, al no hacerlo incurre en conductas penales y disciplinarias.
El señor José Joao Herrera Iranzo, fue hallado responsable fiscalmente por la Contraloría General de la República, en el Atlántico, en primera instancia y posterior ratificada su sanción o sentencia de responsabilidad fiscal en segunda instancia lo que originó publicar en el SIRI (l Sistema de Información para el Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad ) donde se evidencia una sanción e inhabilidad de cinco años (5) para contratar con el Estado y para desempeñar cargos públicos y más sin embargo la mesa directiva del Concejo de Soledad, entre estos su presidente Harold Cervantes Monasterio, omitió los procedimientos legales para estos casos y comunicarle a la Nacional del Estado Civil y en su defecto al Consejo Nacional Electoral, para que en términos legales el señor José Joao Herrera fuera separado del cargo de Concejal de Soledad, mediante acto administrativo y solicitar a las autoridades electorales el fiel cumplimiento de la sanción debidamente ejecutoriada y se ordenara el ingreso a la Corporación Edilicia el nombre del concejal que de acuerdo a los lineamientos electorales que correspondía ocupar la curul del señor José Joao Herrera Iranzo, en ese caso ingresa el especialista de la salud Deyvis Morales Abdo.
El proceso de responsabilidad fiscal tiene que ver con las auditorías hechas por la Contraloría General de la República, la cual detectó la celebración de un contrato entre la exsecretaria general Érica Escaf Vergara y la Fundación Esperanza y Fe, relacionado con el objeto contractual para actividades deportivas y recreativas que, según la Contraloría, no fueron ejecutadas., es decir se apropiaron de los dineros destinados para la contratación. También se declaró responsable civilmente a la Aseguradora Solidaria por aproximadamente $22 millones.
La Contraloría General de la República estableció el detrimento patrimonial en más de 126 millones de pesos, sobre el cual fue hallado responsable fiscalmente aún cuando no haya sido el contratante, lo cual no lo exime de responsabilidades por ser el ordenador del gasto y el representante legal del municipio de Soledad.
La mesa directiva del Concejo de Soledad, no tiene competencias para investigar administrativamente, disciplinariamente y penalmente al concejal José Joao Herrera Iranzo, lo que debe es revisar el fallo de responsabilidad fiscal de segunda instancia debidamente ejecutoriado y constatar los archivos para identificar las notificaciones de la Contraloría General de la República, en el Atlántico y tener claridad cual fue la mesa directiva que omitió darle cumplimento a una sentencia de responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriada, lo que no exime de responsabilidades a la actual mesa directiva porque la inhabilidad fue publicada en marzo de 2026 y el departamento jurídico del Concejo debió estar notificado de estas sanciones y tampoco tenían que esperar que fuera publicada la inhabilidad cuando ya había cosa juzgada, es decir, una sentencia en todas sus instancias debidamente ejecutoriada para ser cumplida en los términos de ley.
La Contralaría General de la República, lo halló responsable fiscalmente en detrimento patrimonial que supera los 126 millones de pesos.
