Con el nombramiento del abogado Rafael Rodríguez como nuevo director del Tránsito de Soledad, de la quema política de Julio Cabrera, por lo que es incierta la decisión política del gobierno local hacia esa estructura política cuando a los ojos de toda la comunidad las decisiones administrativas las asume o la señora Alcira Sandoval o el señor Eduardo Pulgar a nivel de contratación y posiciones burocráticas, significando ésto que lo único quen le están entregando al señor julio Cabrera es un cargo como incentivo o doblaje hacia la alcaldía de Soledad o a la ficha que ordene Eduardo Pulgar.
Con las grabaciones publicadas por la revista Semana donde Javier Díaz Collazos, alias ‘Castor’ afirmó haber apoyado a esta señora, refiriéndose a la alcaldesa de Soledad Alcira Sandoval, contexto que no pudo ser desvirtuado y que la Fiscalía General de la Nación debe estar valorando los audios para su verificación oficial y técnica dentro de la investigación penal.
Con estas revelaciones se puede deducir del porque la operación de los motocarros sería dirigida por la organización delictiva de alias ‘Castor’ en el municipio de Soledad, quedando en evidencia por testimonio de la misma organización de transporte ilegal quienes pagan entre 40 y 50 mil pesos mensuales, igual los motocarros que están en los centros comerciales y almacenes de cadena pagan una planilla para poder prestar el servicio ilegal en l,as afueras de los centros comerciales.
Los horarios están codificados por la organización de alias ‘Castor’ al igual que las rutas y disposiciones viales sobre quienes salen un dia de acuerdo al color y quienes lo hacen al día siguiente, a lo que se le llama pico y color, estas decisiones no son tomadas por la autoridad de Tránsito en Soledad e incluso está prohibido hacer operativos para los controles a los motocarros porque se quebrantarían los supuestos acuerdos electorales con la organización que lidera Javier Díaz Collazos, alias ‘Castor’ que aunque quieran reconocerlo o desvirtuarlo es la realidad de la operación de los motocarros en Soledad.
Otro de los factores que doblega a la autoridad de Tránsito es que los motocarros que trabajan después de 9:00 PM tienen autorización de la organización criminal más no de la autoridad de Tránsito.
Habría entonces que analizar a que llega el señor Rafael Rodriguez a la dirección del Instituto de Tránsito y Transporte de Soledad, a administrar pobreza, deudas, a pagar compromisos contractuales, a contratar personal por prestación de servicios, a pagar nómina y a rendirle informe a sus jefes inmediatos, en tal caso que no es Julio Cabrera, sino de acuerdo a la información conocida a rendirle informe a la alcaldesa Alcira Sandoval, al exsenador Eduardo Pulgar Daza, y en caso fortuito supuestamente a Javier Díaz Collazos, alias ‘Castor’ organización que al parecer controla la operación de lo motocarros y sobre quienes el Tránsito no ejerce autoridad porque tendría prohibido incluir a los motocarros en operativos viales y controles de legalidad documental.


Queda un interrogante que el nuevo director del Tránsito de Soledad tendrá que resolver del porque no hay controles a los más de 10 mil motocarros en Soledad, cuando muchos están prestando un servicio ilegal sin licencia, revisión electromecánica, seguro actualizado, sin luces y utilizan las zonas peatonales para estacionarse como nevadas para recoger pasajeros, utilizan las calles prohibidas sin ningún control, entre otras inconsistencias.
Institucionalmente, Rafael Rodríguez debe obediencia a la alcaldesa municipal, Alcira Sandoval Ibáñez, ya que asumió oficialmente como Director del Instituto Municipal del Tránsito de Soledad integrado dentro de su equipo de gobierno.
Políticamente, en el ámbito local e independientemente de las tensiones de los clanes y grupos de poder en Soledad (como los sectores asociados a Sandoval, Pulgar o los Cote), tras su posesión el 1 de octubre de 2026 se ha señalado también su afinidad y procedencia del grupo político del exconcejal Julio Cabrera Rodríguez, quedando su gestión sujeta a los lineamientos oficiales de la administración de la alcaldesa.
Esta declaraciones en el gobierno de Gustavo Petro no fueron desvirtuadas por lo que la Fiscalía General de la Nación, de oficio y con las revelaciones de la revista ‘Semana’ debería abrir la respectiva investigación penal para determinar la veracidad de la misma.
