
Los magistrados del Consejo Nacional Electoral, César Lorduy, Maritza Martínez y Álvaro Hernán Prada, en rueda de prensa comunicando la decisión de investigar la campaña presidencial de Gustavo Petro.
La Corte Constitucional le hizo un guiño al caso, que tomó fuerza cuando el pasado 28 de febrero una Sala de Tutelas la seleccionó para su revisión. Tras el reparto, el expediente cayó en el despacho del magistrado Vladimir Fernández, el mismo que antes de llegar al alto tribunal ejercía como secretario jurídico de la Presidencia. Luego, el 2 de abril, la Corte decidió que no sería una sala de tres magistrados la encargada de revisar el caso, sino los nueve de la Sala Plena.
Tres semanas después, el 24 de abril, el alto tribunal suspendió la investigación que adelantaba el CNE en contra del jefe de Estado, mientras evaluaban el expediente y tomaban una decisión de fondo. El anuncio causó alegría en el Ejecutivo: “La Corte Constitucional frena un golpe de Estado”, escribió el presidente en redes sociales.
La Sala Plena le puso el acelerador a la discusión y finalmente dio a conocer su decisión exactamente ocho días antes de que se venciera el plazo para hacerlo. El alto tribunal le dio la razón al jefe de Estado y reafirmó que la Comisión de Acusación es la única instancia que puede investigarlo.
En todo caso, la Corte aclaró que el CNE sí puede investigar a la campaña, a su gerente y tesoreros, pero no puede tocar al presidente. “Bien por la Corte Constitucional”, escribió el presidente en su cuenta de X.
La Corte lo dijo claro: es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Nunca el Consejo Nacional Electoral (CNE), que le había formulado cargos en octubre de 2024 por presuntas irregularidades en las cuentas de la campaña política que lo llevó a la Casa de Nariño en 2022. El alto tribunal resolvió la pregunta que tenía en vilo esa investigación administrativa y ordenó remitirla de inmediato a la Comisión.
Con la mínima diferencia, la Sala Plena decidió que, como lo dice la Constitución, la Comisión de Acusación es la única instancia competente para investigar a Petro o a cualquier mandatario, teniendo en cuenta su fuero presidencial. Los magistrados que estuvieron con esta tesis fueron: Vladimir Fernández (el ponente), Juan Carlos Cortés, Natalia Ángel, Miguel Polo y Carolina Ramírez (quien está en reemplazo de Cristina Pardo). En contra estuvieron: Jorge Enrique Ibáñez, Paola Meneses, José Fernando Reyes y Lina Escobar.
Con la decisión tomada, la Corte le dio un plazo de cinco días al CNE para que remita el expediente del caso al Congreso, donde debe ser estudiado. Una decisión que, además de ser una victoria para el mandatario, abre la puerta a un posible choque de trenes entre la Corte y el Consejo de Estado.