Presidente Gustavo Petro declaró el Estado de Emergencia Económica y Social, como salida al hundimiento de la reforma tributaria
Elmer Enrique Rudas 
Decreto de Estado de Emergencia Económica, generará toda clase de reacciones en la oposición.
Luego del hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República, el Gobierno se quedó con un hueco de 16.3 billones de pesos para el presupuesto de 2026, por lo que argumentan riesgos institucionales y fiscales.
El Gobierno señaló que los decretos con fuerza de ley que se vienen serán “impuestos directos e indirectos para las personas naturales y jurídicas con mayor poder contributivo, así como tributos que buscan corregir externalidades negativas en asuntos ambientales y de salud pública”.
De acuerdo con la Presidencia, esto agrava “la actual crisis fiscal” y pone en riesgo “la garantía de derechos fundamentales y la prestación de servicios públicos esenciales”.
Y enumera ocho causas, entre ellas la “no aprobación por parte del Congreso de dos proyectos sucesivos de ley de financiamiento para las vigencias fiscales 2025 (12 billones) y 2026 (16.3 billones)”.
Igualmente, argumenta que se dificulta el cumplimiento del auto de la Corte Constitucional sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de salud y brindar garantías de seguridad ciudadana en medio de elecciones.
El documento también expone dificultades por los desastres naturales causados por la ola invernal, que existen sentencias judiciales pendientes de pago, obligaciones atrasadas de origen legal, agotamiento de alternativas de endeudamiento, y restricciones de caja de la Tesorería General de la Nación.
Sin embargo, pese a la crisis que enfrenta, el decreto afirma que “la gestión fiscal del Gobierno entre 2022 y 2026 se ha caracterizado por una estricta responsabilidad fiscal”.
“De hecho, el Gobierno Nacional adelantó todas las medidas ordinarias a su alcance en materia legal y reglamentaria con el fin de generar los recursos necesarios para garantizar los derechos fundamentales a la salud, la protección de la población vulnerable, el acceso a servicios públicos, el cumplimiento de pago de los créditos judicialmente reconocidos y la garantía de seguridad, entre otros”, reza el decreto.
Y culpa al Congreso de la República: “Ha negado las soluciones de mayores ingresos tributarios propuestas por el Gobierno, lo que ha agravado y acelerado de manera imprevisible e irresistible la crisis fiscal y conducido a buscar el uso de medidas excepcionales, como la declaratoria del estado de emergencia”.
La emergencia económica tendrá una vigencia inicial de 30 días, contados a partir de la entrada en vigencia. Solo podrá ser prorrogable hasta un total de 90 días y pasa automáticamente a revisión de la Corte Constitucional.
En tal sentido será la Honorable Corte Constitucional, será quien decida si el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025 cumple con los preceptos constitucionales y legales para poder adoptar nuevos tributos que permitan sanear fiscalmente el déficit fiscal del gobierno nacional para poder cumplir con los presupuestos a cubrir con los recursos que fueron negados en la Reforma Tributaria por el Congreso.
La oposición prepara acciones legales y constitucionales para buscar tumbar el Decreto que declara la Emergencia Económica y Social, después del hundimiento de la Reforma Tributaria.
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