Los 12 procesados que fueron enviados a la cárcel serían trasladados a la Penitenciaría del Bosque
El Juez 102 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías Ambulante de Barranquilla, William Alfredo Saleme Martínez, resolvió la situación jurídica de los 17 imputados por la Fiscal 08 de la Unidad Especializada Anticorrupción.
El Juez se refirió a los argumentos de la Fiscal al solicitar medida de aseguramiento de detención preventiva intramural pata los 17 imputados, en los siguientes términos en lo expresado por la Fiscal 08 Anticorrupción:
A comienzos de mayo, la representante de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó contra los 17 capturados los delitos de falso testimonio, fraude procesal, asociación para la comisión de un delito contra la administración pública, estafa agravada, invasión de tierras, falsedad en documento público, urbanización ilegal, peculado por apropiación a favor de terceros, cohecho impropio, cohecho por dar u ofrecer, cohecho propio, prevaricato por acción o prevaricato por omisión. En total 13 delitos, eso sí, imputados de manera distinta a cada uno de los procesados. Luego de la intervención de la Fiscalía, ninguno de los señalados aceptó los cargos.
Pasada la segunda audiencia, decenas de interceptaciones telefónicas fueron expuestas por el ente investigador en una extensa intervención de la Fiscalía Octava ante la Dirección Especializada contra la Corrupción, en medio de la solicitud de medida de aseguramiento contra el grupo de implicados en el robo sistemático de tierras.
El ente investigador sacó como arma para sostener su tesis del supuesto plan criminal orquestado por funcionarios, exfuncionarios, abogados y personas naturales, las comunicaciones entre estos en las que dejaron entrever nuevamente, según la Fiscalía, el supuesto fraude para apropiarse de terrenos públicos y privados, para luego venderlos a terceros de buena fe o simplemente reclamarlos como propios.
La Fiscal imputó cargos a los 17 indiciados, en tal sentido están imputados Marlon Mora Montesino, inspector de Policía de Soledad; Juan Manuel Ucrós Ucrós, exregistrador de Instrumentos Públicos de Soledad; Andrés Rafael Díazgranados, funcionario jurídico de la Alcaldía de Soledad; José Luis Pacheco Teherán, abogado calificador de la Oficina de Instrumentos Públicos de Soledad; Iván Carlos Páez Redondo, registrador de la Oficina de Instrumentos Públicos de Soledad; y David De Castro Macías, exregistrador de Soledad.
Pero además a Neissy Cantillo Del Toro, ex inspectora de Policía de Soledad; Ismael Cárcamo Alvarino, agente corruptor; Inés Aminta Salas Palencia, con ese mismo oficio; José Márquez Monterrosa, abogado; Francisco Mejía, notario de Santo Tomás; Luis Miguel Martínez Montañez, tramitador; Rafael Enrique Bossio Pinzón, abogado; Alex Ahumada Díaz, abogado; Wilmar Machuca Caicedo, supuesto poseedor irregular; Luis Peñaloza Rojas, supuesto poseedor irregular, y Roque José Lugo, presunto testigo falso.
Medidas privativas de la libertad
El Juez profirió medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de excarcelación para Luis Fernando Peñaloza Rojas, José Márquez Monterrosa, José Luis Pacheco Teherán, Marlon Mora Montecinos, Inés Aminta Salas, Rafael Enrique Bossio Pinzón, Roque José Lugo Hereira, Wilmar Machuca Caicedo, Alex Ahumada Díaz, Andrés Diazgranados Cruz, Neissi Esther Cantillo y Luis Miguel Martínez Montañez.
Detención domiciliaria
El único beneficio que otorgó el Juez se lo concedió a Ismael Cárcamo Alvarino, a quien le imputaron un solo delito y es excarcelable.
Medidas no privativas de la libertad
En razón de los notarios y registradores de instrumentos públicos, notario de Santo Tomás Francisco María Mejía De la Hoz, Iván Carlos Páez Redondo, Juan Manuel Ucrós y David De Castro Macías, el juez decidió una medida no privativa de la libertad, pero estos tendrán ciertas restricciones como no salir del país y presentarse ante las autoridades cada vez que sean requeridos. A los cuatro les sería concedida la libertad inmediatamente se adelanten todos los trámites pertinentes, entre tanto a los privados de la libertad el Juez definirá a que centro de reclusión serán enviados.
Por su parte el ente acusador no conforme con la decisión del Juez, al igual que el delegado del la Procuraduría y los abogados defensores presentaron sus respectivos recursos de apelación sobre la decisión de la medida no privativa de la libertad contra el Notario de Santo Tomás y los Registradores de Instrumentos Públicos.
Inmediatamente se resuelvan los recursos de apelación la Fiscalía 06 de la Unida contra la Corrupción, contará con 120 días para presentar el escrito de acusación.



